A estas alturas de desorden y caos económico en Venezuela, las medidas de orden coyuntural: monetarias, fiscales y de ajuste de pagos internacionales, no constituyen una panacea. Mientras no se modifique el marco regulador, para fortalecer las instituciones, no habrá equilibrio que pueda ser restablecido. Así quienes piensan que los ajustes macro-económicos constituyen una solución, deben revisar la consistencia teórica de sus argumentos y presentar evidencia que de soporte a sus hipótesis. El rescate de la institucionalidad, el empoderamiento y la formación de capital social, sujetos a evaluación previa de impacto y de respuesta del mercado son la clave de éxito.

Con un nivel de burocracia y de regulaciones de todo tipo, la corrupción se banaliza y hasta en la empresa privada, más organizada, resulta difícil evitar que su departamento de cuentas por pagar, no solicite al proveedor, su habilitación (coloquialmente llamada en nuestro país “bajada de mula”), para honrar el pago de una deuda. O la cesión de propinas (llamadas coloquialmente “dame una fuercita”), para adelantar un proceso de compra de un cliente. Evidencias de toda naturaleza existen, hasta las formales recolectadas por organismos supranacionales.

La asfixiante regulación de todos los aspectos de la vida que existe en nuestro medio, es de tan larga data que se toma como normal y más lo grave se acepta que su intensificación es un mal necesario. El clamor no es de exigencia para simplificar y optimizar el marco regulatorio. Hay una resistencia en todos los niveles para tratar el asunto. Académicos y consultores prefieren la intensidad de un debate alrededor de temas como la dolarización o reducción del dinero inorgánico, la necesidad de ajuste fiscal, lo imperioso de una liberación de precios y evaden un debate sobre la necesidad de reformas para el rescate institucional del país.

Venezuela, no tiene paralelos para ser comparada, no existe en el mundo un país sentado sobre una plétora de riquezas de todo orden, con un momento estelar de su talento humano, que huye del país. Sin embargo se sigue, se insiste y se pierde tiempo, en discursos coyunturales sobre la dolarización o no, sobre la emisión de dinero orgánico, sobre la liberación de precios, cuando todos esos eventos y factores tienen como raíz primigenia lo estructural: la imperiosa necesidad de reforma de marco regulatorio y del rescate de la fortaleza institucional del país.

En el mundo, las leyes existen para señalar los límites de lo que no se debe hacer, para evitar la invasión del espacio vital del otro. Aquí, a la inversa se debe escudriñar, entre la maraña de leyes, providencias y reglamentos, donde aparezca de manera explícita, clara y sin ambigüedad algo que se pueda hacer, de lo contrario estarás en condición de precariedad jurídica. La condición de venezolano es, de manera técnicamente inevitable, la de un sujeto al margen de la ley, prácticamente todo está sumido a normas de imposible cumplimiento,

La evidencia.

Vamos a utilizar la información estadística ofrecida por el Banco Mundial[1], de los datos fuente nos referiremos varias actividades que califican la eficiencia regulatoria de un país: iniciar un negocio, construir una vivienda, gestionar una conexión eléctrica, gestionar un crédito, exportar e importar. El resumen se muestra en la siguiente tabla:

En una muestra de 189 países nuestro país se encuentra en los últimos lugares. El desorden institucional y las regulaciones extremas, en relación con el inicio de una actividad empresarial, el país se encuentra en el lugar 182, solo nos superan: Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Sudán del Sur, República Centro africana, Libia y Eritrea.

La capacidad de un país para administrar el exceso de regulaciones, a su vez propaga y multiplica el mal uso de los recursos productivos, pues funcionarios mal pagados, con remuneraciones cada vez más erosionadas por la inflación, son fácil presa de la corrupción, de manera que los controles se multiplican para controlar a quienes controlan y a los controlados, en una cadena sin fin de fallos regulatorios.

Los primeros lugares de la lista de 189 países con asfixia regulatoria son [2]:

La información parece sorprendente, quizás porque no es un fenómeno nuevo en nuestro país, es algo corriente desde hace mucho tiempo, nos hemos acostumbrado y lo tomamos como normal. Para quienes dudan de la información presentada, durante el año 2009, en el Centro de Extensión y Asistencia Técnica a la Empresas (CEATE) de la Universidad de Carabobo, realizamos un estudio para un grupo inmobiliario en la ciudad de Valencia, se listaron procedimientos que se deben cumplir y los lapsos que en promedio requiere cada trámite, los resultados se ofrecen a continuación:

El resultado arroja un total de 1.335 días, mucho más de lo que revela el Banco Mundial.

Uno se pregunta a qué obedece esta disparidad en la información. En toda economía con asfixia regulatoria, los promedios esconden la condición extrema de esos lugares, pues hay quienes pueden acortar esos lapsos y no tienen problema alguno que les impida realizar su actividad, como hay otros cuyos proyectos permanecen arrumados en cualquier sitio de la extensa maraña de gestores, gestorías y oficinas que intervienen en los procesos de aprobación de cualquier cosa en esas naciones con asfixia regulatoria.

Esos resultados no causan sorpresa, iniciar una actividad empresarial en Venezuela nos ubica en el último lugar, nadie nos supera, hacerlo requiere une gran dosis de perseverancia. No solo es lo del último lugar, es que nos encontramos distante de los valores medios a 95 % de probabilidad, para tener una mejor idea de la estrafalaria situación el promedio mundial es de 22 días.

Conclusión

Venezuela necesita, como condición necesaria, a nivel microeconómico, una reforma que simplifique y optimice la manera como se hace política económica, las normas tienen que estar sujetas a evaluación previa de impacto regulatorio, en función de la respuesta anticipada por el mercado, y luego ratificadas en función de excluir o reducir la aprobación de aquellas que generen incentivos perversos, mercados negros y reasignaciones de recursos que no agregan valor social.

A nivel macroeconómico, la otra condición necesaria es la legitimación institucional, para asegurar la autonomía e independencia mutua de los poderes públicos. A nivel de instancias económicas, el Banco Central de Venezuela requiere igualmente autonomía e independencia.

Son contenidos previos sin los cuales, cualquier estrategia coyuntural, de estabilización del poder adquisitivo interno, de equilibrio fiscal y de ajuste de pagos internacionales, no tendrá éxito sea la que sea.